La empresa Colhue arriesga una multa por $178 millones por la presentación de nueve cargos ambientales.
Laura Muñoz Miranda
Pese al anuncio del cierre definitivo voluntario por parte de la empresa Colhue, el Comité del Medio Ambiente de O'Higgins suspendió de forma provisional, durante 90 días, la actividad productiva de la planta de lodos ubicada en Pelequén, plazo que puede ser prorrogable. En este periodo se investigarán los nueve cargos ambientales presentados en contra de la empresa.
La medida impide el ingreso de camiones con lodo a la planta, pero la empresa podrá seguir funcionando con los materiales ya existentes en el lugar.
Al final del proceso sancionatorio se podría determinar el cierre definitivo de la planta y aplicar una multa de 500 UTM por cada cargo ($178 millones).
El intendente Patricio Rey dijo que "los procesos sancionatorios apelan a la buena fe de los dueños, ya que no hay criterios específicos. En este caso la empresa en cada fiscalización mostraba mayor daño ambiental".
Michael Casson, seremi de Salud de la Región de O'Higgins, justificó la decisión, que llegó un día después del anuncio de cierre voluntario. "El dueño puede cambiar de opinión, por eso somos precavidos y estamos aplicando la ley porque los hechos así lo ameritan, ya que los incumplimientos son graves y reiterados", dijo.
A la empresa Colhue ya se le han cursado cinco infracciones, dos de las cuales terminaron en multas económicas, en febrero y septiembre del 2011, que en conjunto sumaron mil UTM ($39 millones).
Germán Pardo, dueño de Colhue, se habría quejado con la ministra del Medio Ambiente por las reiteradas fiscalizaciones a la planta. Frente a esto, la ministra María Ignacia Benítez declaró que "la Comisión de Evaluación Regional está en todo su deber de fiscalizar las veces que estime necesario".
Rey aseveró que el dueño de la planta está faltando a la verdad. "Dice tener un espíritu ambientalista, pero en realidad busca el enriquecimiento". Agregó que las autoridades se han comportado a la altura, porque "le dimos la oportunidad para mejorar su operación, pero no lo hizo".
El director del Servicio de Evaluación Ambiental, Edesio Carrasco, declaró que el proyecto de la empresa aprobado es "claramente deficiente, ya que tiene grandes imprecisiones técnicas, como la ubicación". La Declaración de Impacto Ambiental fue aprobada por la antigua Comisión Regional del Medio Ambiente en 2008.
Algunos vecinos están molestos porque esperaban un cierre rápido. Jaime Carrasco, a sólo 600 metros de la planta, dijo que "queríamos una resolución más drástica. Ahora tendremos que aguantar seis meses más este olor asqueroso".
Germán Pardo, dueño de la planta, es socio de otras ocho empresas. Una de ellas es Apires, dedicada a la industria minera.
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