Desde que asumió como Presidente de Bolivia en 2006, Evo Morales ha puesto una porción más grande de la economía del país en manos del Estado. En su primer año en el poder volvió a nacionalizar la industria del petróleo. Luego vinieron las telecomunicaciones, gran parte de la generación de electricidad y después la minería del zinc y del estaño. El 29 de diciembre Morales anunció la expropiación de dos empresas que distribuían electricidad y eran propiedad de Iberdrola, una compañía española.
El Mandatario señaló que la nacionalización era necesaria para mantener un servicio "equitativo". La compañía de electricidad de Bolivia es la segunda más rápida en Sudamérica para conectar a nuevos clientes, en 42 días. Pero eso tiene un precio: cuando se mide como una proporción del ingreso per cápita -US$ 2.040 en Bolivia- las tarifas de conexión son las más caras del continente, de acuerdo al Banco Mundial. Quizás en parte por esa razón, sólo el 78 por ciento de los hogares bolivianos estaban conectados en 2009, en comparación con el 86 por ciento en Perú y más del 90 por ciento en gran parte de la región.
Los defensores de la nacionalización apuntan a lo que según ellos son los recientes mejoramientos en la industria del agua. Un contrato privado para suministrar agua en la ciudad de Cochabamba fue anulado después de las protestas callejeras por las alzas de tarifas en 2000; un incidente que se conoció como la "guerra del agua". Un contrato similar en La Paz también fue cancelado más tarde. Los partidarios de Morales desempeñaron un gran rol en las protestas.
En las manos estatales, el acceso al agua corriente en las ciudades del país bajó primero, del 88 por ciento de los hogares en 2001 al 85 por ciento en 2005. Pero la cobertura urbana volvió al 88 por ciento en 2010, y la cifra para las áreas rurales ha bordeado el 52 por ciento, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo. Bolivia ha dado alcance a su vecino más rico, Perú, en el acceso al agua potable, según el Banco Mundial.
La rápida urbanización ha logrado que sea más fácil y más económico llevar la electricidad y el agua a los hogares. Hasta mediados de la década de 1980, más de la mitad de los bolivianos vivía en las zonas rurales. Actualmente, siete de cada diez están en las ciudades.
Además, Morales estableció un Ministerio del Agua y le otorgó bastantes fondos. Antes de la privatización en la década de 1990 el servicio de agua funcionaba en forma deficiente debido a la baja inversión. Eso ha cambiado gracias a un auge económico impulsado por las materias primas que han llenado las arcas del gobierno. El crecimiento económico ha alcanzado un promedio de casi el cinco por ciento durante los últimos seis años, tiempo en el que los ingresos promedio se han más que duplicado en términos de dólar. El año pasado el gobierno destinó US$ 3.300 millones a la inversión pública; este año planea invertir US$ 3.800 millones, igual al 13 por ciento aproximadamente del PIB, de acuerdo al Banco Mundial.
Sin embargo, hay señas de que el Estado no ha administrado bien su dinero. Diversas municipalidades están reteniendo fondos que fueron asignados, pero que aún no se gastan. Una mayor cobertura no siempre ha ido de la mano con la calidad. En El Alto, una ciudad satélite de rápido crecimiento ubicada en un sitio desde donde se domina la capital, el suministro de agua es intermitente y a veces oscuro. En Cochabamba, donde el agua la maneja una cooperativa, han surgido más de 300 empresas privadas informales para llenar el vacío que dejó el irregular servicio público. Es difícil calcular si los bolivianos están realmente mejor con el agua nacionalizada, porque el ministerio no proporciona información sobre las tarifas. Algunos clientes señalan que sus cuentas entregan pocas indicaciones sobre cómo se calculan.
Las compañías de electricidad privadas no han podido invertir tan fuertemente como sus contrapartes de aguas públicas. Esto se debe en parte a que el gobierno las ha obligado a bajar sus precios. Al asumir la Presidencia en 2006, Morales estableció la "tarifa de dignidad", un plan según el cual los clientes más pobres consiguieron una rebaja del 25 por ciento en sus cuentas de luz, que la paga la compañía. En un principio esto cubrió al 42 por ciento de los clientes, a un costo anual de 25 millones de bolivianos (US$ 3 millones). Para 2011, el plan había crecido para cubrir al 50 por ciento de los clientes, a un costo anual de 64 millones de bolivianos. Sería más beneficioso para la ciudadanía si se hubiera permitido que las compañías invirtieran parte de este dinero en expandir la cobertura, sostiene Lourdes Espinoza, de la Universidad Católica Boliviana.
El gobierno tal vez ahora pueda expandir el abastecimiento de electricidad, como lo ha hecho con el agua. Pero si el agua sirve de guía, la calidad del servicio tal vez se deteriore. La prueba verdadera de las nacionalizaciones de Morales se producirá cuando la economía afloje el paso y sea imposible financiar los subsidios encubiertos.
La estatización de las compañíasde agua permitió expandir la cobertura, pero a la par se deterioró el servicio.FUENTE: http://diario.elmercurio.com/2013/01/18/internacional/_portada/noticias/3160c60b-2f0f-4f53-9bcf-8bac233c52ff.htm
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