viernes, 18 de enero de 2013

El rayado de cancha del nuevo superintendente de medio ambiente


Juan Carlos Monckeberg explica que el atributo de la nueva ley es que al momento de fiscalizar se deja de lado el factor político y se priorizara el análisis técnico.
Energía es el sector que más ha puesto al día la información solicitada por la superintendencia de medio ambiente para actualizar sus proyectos aprobados. Del universo de 12.940 resoluciones de calificación ambiental aprobadas en la historia del servicio de evaluación ambiental, el sector energético ha actualizado el 50,6% de los datos de las 857RCA que tiene en el sistema. En total, a la fecha, se han actualizado 3.962 resoluciones. El plazo vence este 21 de enero.
Minería y saneamiento ambiental son los sectores que tienen más resoluciones ambientales aprobadas en el sistema. Minería lleva 38,24% de los datos actualizados de las 1.241 resoluciones ambientales que existen. En el caso de saneamiento ambiental, hasta que hora presenta 32,17% de las resoluciones actualizadas de un universo de 2.841 aprobaciones. Equipamiento e infraestructura tieneel menor número de actualizaciones: solo 8,7% de las 427 aprobaciones que posee en total en el sistema
Para fiscalizar, la SMA tiene 100 funcionarios y contara con el apoyo de 15 servicios que integran el SEA, los que firmaron un convenio para que sus funcionarios operen con el mismo protocolo de fiscalización de la superintendencia. Esto, con el fin de homologar los criterios a la hora de inspeccionar una instalación en terreno. Los servicios son DGA, sernageomin, SEC, sernapesca, CCHEN, SISS, CMN, conaf, DOH, Dirección de vialidad, directemar, SAG, y subsecretaría de salud y transporte.
Sin mano dura, pero si con el mandato de que los inversionistas cumplan los compromisos que se comprometieron a respetar. Ese será el estilo de trabajo del nuevo superintendente de medio ambiente, Juan Carlos Monckeberg. Geógrafo de profesión, dice que viene a poner orden en la forma en que se realizan las fiscalizaciones y las potenciales sanciones contra los titulares de proyectos que afecten el medio ambiente.
El principal cambio es que en sus acciones dominara elemento técnico y no el político. Eso se traduce en algo básico: los informes y fiscalizaciones ya no estarán en manos de los intendentes regionales, como los presidentes de la comisión de evaluación ambiental de cada región. “el factor técnico de la superintendencia es mucho más fuerte” afirma. Ese cambio, enfatiza, es uno de los más radicales que viene con la nueva normativa ambiental, “estoy convencido de que la superintendencia tiene que validarse técnica y jurídicamente, porque todas las resoluciones que emitamos son reclamable por los titulares ante los tribunales ambientales”, explica.
Por eso, señala, su rol no se puede traducir en que viene a poner “mano dura”. Simplemente, agrega, hará la ley ambiental. “los titulare tienen que hacer su trabajo y nosotros el nuestro”, indica.
Levantamiento de datos
La entidad comenzó a operar el 28 de diciembre, a la par con los nuevos tribunales ambientales. El diagnostico antes de su creación, manifiesta Monckeberg, es que había una alta dispersión en los criterios de fiscalización y también en los términos de las sanciones ambientales. “antes no existía un procedimiento que establecería un estándar mínimo respecto de las etapas que se debían seguir en la fiscalización ambiental. Como parte del diagnostico, unificaremos el procedimiento para asegurarlo”, afirma.
La labor no será fácil. Monckeberg señala que la carga de trabajo es pesada, ya que la entidad heredo 13 mil aprobaciones ambientales por parte del sistema de evaluación ambiental (SEA), cifra a la que hay que sumar a las miles de resoluciones de calificación ambiental (RCA) que él SEA aprueba, en promedio, cada año. “hemos tenido ciertas complejidades, el volumen de información que tenemos que manejar es bastante importante. De todas maneras, con la superintendencia se crea un escenario mejorado, porque hay una institución adicional que se agrega a la lógica de fiscalización que venía operando previo a la reforma”, dice.
Pero las complejidades también vienen dadas porque algunos dueños de proyectos no están colaborando con la labor fiscalizadora, cuenta Monckeberg. La superintendencia de medio ambiente (SMA) está realizando un levantamiento de información con el fin de actualizar el estado de las aprobaciones ambientales que están dentro del sistema.
El proceso comenzó el 16 de octubre pasado y culminaría este 21 de enero. A la fecha, solamente se ha actualizado el 31% de los datos como nombre, Rut, dirección y teléfono. “el ritmo asido lento (…).los titulares han tenido tres meses para responder tres o cuatro preguntas, un plazo más que suficiente. Además, la superintendencia ha estado en stand by dos años antes de entrar a operar y ese plazo también es razonable para que los inversionistas hayan revisado todas sus condiciones y permisos, y que los hayan actualizado o corregido. Ahora nosotros tenemos que entrar a hacer nuestro trabajo”, explica.
Para Monckeberg, si las empresas no recurrieron antes al comité de ministros a presentar un requerimiento porque las condiciones de mitigación impuestas son severas o no estás de acuerdo con ellas, ahora solo les corresponde cumplir sus obligaciones.
La meta de este año es realizar 400 informes de calificación ambiental de las aprobaciones ambientales existentes. De esa meta, 27,3% corresponde al sector minero y 21,4% a los proyectos de saneamiento ambiental.
Atribuciones
Para realizar toda esta labor, Monckeberg cuenta con 100 funcionarios. Además, trabajara con los fiscalizadores de 15 servicios, como la DGA, sernageomin, superintendencia de electricidad y combustibles y salud, entre otros.
Sin querer adelantar los planes, indica que la entidad ya tiene lista la planificación de la fiscalización en terreno y que existen algunos criterios previos. Anticipa que las iniciativas que han estado asociadas a problemas ambientales, como la división ventanas de codelco, o a la planta Valdivia de Arauco, podrían ser una prioridad dentro de las fiscalizaciones. “A la superintendencia de medio ambiente no le corresponde evaluar el comportamiento histórico de los titulares de los proyectos, pero la información pública esta y dentro de la lógica de la priorización de ciertos proyecto la información histórica es un elemento que se analizaran,” explica.
Las fiscalizaciones serán distintas a las realizadas por los servicios que integran el sistema de evaluación ambiental. Ahora existe una planificación, ya que en vez de realizar una visita que duraba un día, en adelante quieren estar varios días en una instalación, donde los fiscalizadores podrán solicitar todos los antecedentes que estimen necesario para realizar su trabajo. “es imposible fiscalizar todos los proyectos. Hay que priorizar, porque queremos que el proceso se mucho más profundo, potente y estratégico”, dice.
Otra novedad dentro de sus atribuciones es el cierre o paralización temporal de una instalación o proceso si en terreno se ven incumplimientos explícitos. Este nuevo procedimiento se hará con previo autorización del tribunal ambiental, la que incluso podría ser vía telefónica. “se establece que sea a través de un mecanismo expedito y eso incluye la llamada telefónica, porque la paralización o cierre tiene que ser lo más rápido posible, ya que lo que nos convoca ahí es la protección del medioambiente” señala.
Para realizar esto, la superintendencia tiene que confeccionar un protocolo de acción en conjunto con los ministros de  los tribunales ambientales. La relación de la SAM con esta nueva entidad será cercana, porque será ella la que controlara la calidad de su trabajo fiscalizador.
         

 FUENTE: LA TERCERA