Juan Carlos Monckeberg explica que el atributo de la nueva
ley es que al momento de fiscalizar se deja de lado el factor político y se
priorizara el análisis técnico.
Energía es el sector
que más ha puesto al día la información solicitada por la superintendencia
de medio ambiente para actualizar sus proyectos aprobados. Del universo de
12.940 resoluciones de calificación ambiental aprobadas en la historia del
servicio de evaluación ambiental, el sector energético ha actualizado el 50,6%
de los datos de las 857RCA que tiene en el sistema. En total, a la fecha, se
han actualizado 3.962 resoluciones. El plazo vence este 21 de enero.
Minería y
saneamiento ambiental son los sectores que tienen más resoluciones ambientales
aprobadas en el sistema. Minería lleva 38,24% de los datos actualizados de las
1.241 resoluciones ambientales que existen. En el caso de saneamiento
ambiental, hasta que hora presenta 32,17% de las resoluciones actualizadas de
un universo de 2.841 aprobaciones. Equipamiento e infraestructura tieneel menor
número de actualizaciones: solo 8,7% de las 427 aprobaciones que posee en total
en el sistema
Para fiscalizar, la
SMA tiene 100 funcionarios y contara con el apoyo de 15 servicios que
integran el SEA, los que firmaron un convenio para que sus funcionarios operen
con el mismo protocolo de fiscalización de la superintendencia. Esto, con el
fin de homologar los criterios a la hora de inspeccionar una instalación en
terreno. Los servicios son DGA, sernageomin, SEC, sernapesca, CCHEN, SISS, CMN,
conaf, DOH, Dirección de vialidad, directemar, SAG, y subsecretaría de salud y
transporte.
Sin mano dura, pero si con el mandato de que los
inversionistas cumplan los compromisos que se comprometieron a respetar. Ese
será el estilo de trabajo del nuevo superintendente de medio ambiente, Juan
Carlos Monckeberg. Geógrafo de profesión, dice que viene a poner orden en la
forma en que se realizan las fiscalizaciones y las potenciales sanciones contra
los titulares de proyectos que afecten el medio ambiente.
El principal cambio es que en sus acciones dominara elemento
técnico y no el político. Eso se traduce en algo básico: los informes y
fiscalizaciones ya no estarán en manos de los intendentes regionales, como los
presidentes de la comisión de evaluación ambiental de cada región. “el factor
técnico de la superintendencia es mucho más fuerte” afirma. Ese cambio,
enfatiza, es uno de los más radicales que viene con la nueva normativa ambiental,
“estoy convencido de que la superintendencia tiene que validarse técnica y
jurídicamente, porque todas las resoluciones que emitamos son reclamable por
los titulares ante los tribunales ambientales”, explica.
Por eso, señala, su rol no se puede traducir en que viene a
poner “mano dura”. Simplemente, agrega, hará la ley ambiental. “los titulare
tienen que hacer su trabajo y nosotros el nuestro”, indica.
Levantamiento de
datos
La entidad comenzó a operar el 28 de diciembre, a la par con
los nuevos tribunales ambientales. El diagnostico antes de su creación,
manifiesta Monckeberg, es que había una alta dispersión en los criterios de
fiscalización y también en los términos de las sanciones ambientales. “antes no
existía un procedimiento que establecería un estándar mínimo respecto de las
etapas que se debían seguir en la fiscalización ambiental. Como parte del
diagnostico, unificaremos el procedimiento para asegurarlo”, afirma.
La labor no será fácil. Monckeberg señala que la carga de
trabajo es pesada, ya que la entidad heredo 13 mil aprobaciones ambientales por
parte del sistema de evaluación ambiental (SEA), cifra a la que hay que sumar a
las miles de resoluciones de calificación ambiental (RCA) que él SEA aprueba,
en promedio, cada año. “hemos tenido ciertas complejidades, el volumen de
información que tenemos que manejar es bastante importante. De todas maneras,
con la superintendencia se crea un escenario mejorado, porque hay una
institución adicional que se agrega a la lógica de fiscalización que venía
operando previo a la reforma”, dice.
Pero las complejidades también vienen dadas porque algunos
dueños de proyectos no están colaborando con la labor fiscalizadora, cuenta
Monckeberg. La superintendencia de medio ambiente (SMA) está realizando un levantamiento
de información con el fin de actualizar el estado de las aprobaciones
ambientales que están dentro del sistema.
El proceso comenzó el 16 de octubre pasado y culminaría este
21 de enero. A la fecha, solamente se ha actualizado el 31% de los datos como
nombre, Rut, dirección y teléfono. “el ritmo asido lento (…).los titulares han
tenido tres meses para responder tres o cuatro preguntas, un plazo más que
suficiente. Además, la superintendencia ha estado en stand by dos años antes de
entrar a operar y ese plazo también es razonable para que los inversionistas hayan
revisado todas sus condiciones y permisos, y que los hayan actualizado o
corregido. Ahora nosotros tenemos que entrar a hacer nuestro trabajo”, explica.
Para Monckeberg, si las empresas no recurrieron antes al comité
de ministros a presentar un requerimiento porque las condiciones de mitigación impuestas
son severas o no estás de acuerdo con ellas, ahora solo les corresponde cumplir
sus obligaciones.
La meta de este año es realizar 400 informes de calificación
ambiental de las aprobaciones ambientales existentes. De esa meta, 27,3%
corresponde al sector minero y 21,4% a los proyectos de saneamiento ambiental.
Atribuciones
Para realizar toda esta labor, Monckeberg cuenta con 100
funcionarios. Además, trabajara con los fiscalizadores de 15 servicios, como la
DGA, sernageomin, superintendencia de electricidad y combustibles y salud,
entre otros.
Sin querer adelantar los planes, indica que la entidad ya
tiene lista la planificación de la fiscalización en terreno y que existen
algunos criterios previos. Anticipa que las iniciativas que han estado asociadas
a problemas ambientales, como la división ventanas de codelco, o a la planta Valdivia
de Arauco, podrían ser una prioridad dentro de las fiscalizaciones. “A la superintendencia
de medio ambiente no le corresponde evaluar el comportamiento histórico de los
titulares de los proyectos, pero la información pública esta y dentro de la lógica
de la priorización de ciertos proyecto la información histórica es un elemento
que se analizaran,” explica.
Las fiscalizaciones serán distintas a las realizadas por los
servicios que integran el sistema de evaluación ambiental. Ahora existe una planificación,
ya que en vez de realizar una visita que duraba un día, en adelante quieren
estar varios días en una instalación, donde los fiscalizadores podrán solicitar
todos los antecedentes que estimen necesario para realizar su trabajo. “es
imposible fiscalizar todos los proyectos. Hay que priorizar, porque queremos
que el proceso se mucho más profundo, potente y estratégico”, dice.
Otra novedad dentro de sus atribuciones es el cierre o paralización
temporal de una instalación o proceso si en terreno se ven incumplimientos explícitos.
Este nuevo procedimiento se hará con previo autorización del tribunal
ambiental, la que incluso podría ser vía telefónica. “se establece que sea a través
de un mecanismo expedito y eso incluye la llamada telefónica, porque la paralización
o cierre tiene que ser lo más rápido posible, ya que lo que nos convoca ahí es
la protección del medioambiente” señala.
Para realizar esto, la superintendencia tiene que
confeccionar un protocolo de acción en conjunto con los ministros de los tribunales ambientales. La relación de la
SAM con esta nueva entidad será cercana, porque será ella la que controlara la
calidad de su trabajo fiscalizador.
FUENTE: LA TERCERA
