La peor crisis hídrica desde 1968 mantiene en riesgo millonarias inversiones de agricultores de la zona, quienes se enfrentan por el uso del agua en medio de agresiones y querellas. Pablo Obregón Castro
1 camión cisterna se ha convertido en el mayor símbolo de la Provincia de Petorca. Cientos de estos vehículos recorren sus caminos para proveer de agua a los pobladores, a los agricultores pequeños y hasta a la propia Empresa Sanitaria de Valparaíso (Esval), la que se ha visto en la necesidad de comprar agua de pozo, llevarla a las plantas de tratamiento y distribuirla a la gente.
El segundo símbolo es el pozo. Los que tienen uno tratan de profundizarlo para poder seguir regando sus campos. Otros -quizás los más realistas- han dejado que sus paltos se sequen y se han dedicado a un negocio más lucrativo que la agricultura a baja escala: vender agua a una comunidad que soporta su quinto año de sequía. "El Mercurio" recorrió la zona y constató cómo algunos predios de las comunas de Cabildo, La Ligua y Petorca lucen secos y sin siembras, pero con varios camiones cisterna extrayendo agua de los pozos para venderla al mejor postor.
En la zona se han identificado más de cuatro mil pozos ilegales. Y como algunos pequeños y medianos agricultores se niegan a cortar sus paltos a patacón (a la altura del tronco para mantenerlos en estado latente con un mínimo de agua), el negocio del agua es cada día más rentable.
Además, pese a la sequía, la superficie plantada ha crecido considerablemente en los últimos años, pasando de 2.500 hectáreas a 12.500 hectáreas, lo que agudiza la sobreexplotación del acuífero que atraviesa el valle.
Uno de los que se resiste a cortar sus paltos es Gabriel Carvajal, quien tiene tranque, pozo, mangueras para riego por goteo y derechos de agua bien habidos. El problema es que su pozo se secó y, por tanto, sus derechos de agua son letra muerta. La producción de esta temporada está perdida -las paltas no miden más de cuatro centímetros cuando a esta altura deberían ser del tamaño de una naranja- pero para que las matas no se sequen, compra cinco camiones de agua al día, por un total de $100 mil. Con esto mantiene el campo húmedo a la espera de que vuelvan las lluvias, pero no alcanza para salvar la producción puesto que el calibre de los frutos no es aceptable para exportación ni para supermercados.
"Nosotros compramos el campo hace tres años, justo cuando se empezó a desaparecer el agua. Este campo daba 80 mil kilos al año, si usted saca la cuenta, a $1.000 el kilo eran ochenta millones en ventas. La última temporada vendimos tres millones", dice Carvajal.
En el mismo valle, Sebastián Bullemore no aguantó. Donde antes lucían paltos frondosos, hoy se observan matas cortadas a la altura del tronco y leña repartida por el suelo que los campesinos recogen en tractor y rampa. La leña del palto no es buena para calentar, así que se están pagando apenas ocho pesos por kilo, dice uno de estos campesinos.
A unos kilómetros de ahí, en la Villa La Cruz, Domingo García tiene una vista panorámica del valle. Desde su casa puede ver el relave de la minera Las Cenizas ubicado al medio de la comuna de Cabildo, puede ver los campos secos en el valle y puede ver los verdes campos que cubren los cerros: "Yo vengo a ver a mis hijos, pero ya me voy a Antofagasta. Soy perforista de una minera y le digo que en el desierto hay más agua que aquí. Se corta el agua en la noche, en el día sale un hilo, sale turbia y los fundos que usted ven en los cerros llegan a brillar de verdecitos".
La percepción de Domingo García es compartida por un sector de la comunidad. Los muros de la Provincia están cubiertos de rayados alusivos a supuestos robos de agua por parte de políticos y grandes agricultores -algunos diligentemente borrados por empleados municipales, según los pobladores-, el camino de ingreso al valle ha sido tomado dos veces y un grupo de dirigentes ha organizado el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua (Modatima).
Plantaciones en los cerros
La sequía en este valle no afecta a todos por igual. Los predios encumbrados en las laderas de los cerros y que han incorporado tecnología de riego -como los de Osvaldo Jünemann, Edmundo Pérez Yoma, Juan Ruiz Tagle y el diputado (DC) Eduardo Cerda- lucen verdes. Mientras, los predios pequeños y medianos ubicados en el valle y, por lo tanto, más cercanos al río, están secos y con sus árboles cortados.
¿Qué hay detrás de esta situación que ya se arrastra por varios años y que ha dado pie a fiscalizaciones por parte de la Dirección General de Aguas (DGA) y de la Cámara de Diputados? Para los pequeños agricultores, esto es el resultado de la extracción ilegal de agua y de la entrega indiscriminada de derechos provisionales por parte de la autoridad. Para los grandes, en cambio, es la consecuencia de cinco años de sequía, en que los empresarios con mayor capacidad económica pudieron realizar las millonarias inversiones necesarias para alcanzar las esquivas napas y llevar el agua hasta sus predios.
Rodrigo Weisner (ex director general de Aguas), abogado del ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, aclara que todas las investigaciones han desestimado las acusaciones por usurpación de aguas contra el ex secretario de Estado.
De lo que no puede hacerse cargo es de la decisión de la DGA de mantener los derechos de aguas provisionales a los agricultores en medio de un periodo de sequía: "El Estado puede expropiar, pero eso es una decisión de la actual autoridad, que se toma de acuerdo a estudios técnicos".
Según el director de Aguas, Matías Desmadryl, la cuenca se encuentra en niveles muy similares a los de la temporada 68-69, la más seca en la historia del país desde que hay registros. Sin embargo, según los estudios técnicos realizados, el problema que vive la zona no radica ni se soluciona con los derechos provisionales, dice.
"En cuanto a la extracción ilegal de aguas, nuestra Dirección ha procurado un importante aumento en las fiscalizaciones, pues sabemos que es justamente uno de los factores que agrava la crisis y escasez natural que se vive en la zona. Dicha extracción, dicho sea de paso, se da no sólo a nivel de grandes usuarios sino también en medianos y pequeños. Dada la decisión de combatir con fuerza estas conductas ilegales, hemos aumentado la capacidad fiscalizadora de la región, pasando de tener un fiscalizador, a seis fiscalizadores en período de dos años. Todo esto nos ha permitido que en esta región hayamos iniciado este año 171 procesos de fiscalización".
El diputado por la zona Eduardo Cerda es otro de los políticos mencionados por los dirigentes de Modatima como uno de los supuestos responsables de extracción ilegal de agua. El congresista señaló que en la investigación que realizó la Cámara de Diputados no se hizo ninguna mención a su persona; que Modatima corresponde a un grupo minoritario de personas, que no son todos agricultores -el secretario de la organización, Rodrigo Mundaca, de hecho, no es agricultor, sino ingeniero agrónomo de la Universidad de Matanzas, Cuba- y que todo esto corresponde a "un ataque político sin ninguna consistencia. Y si hay algo serio, que lo aclare el tribunal".
Además, señala que dentro del Código de Aguas se contempla la posibilidad de entregar derechos provisorios a los agricultores y "si ellos (Modatima) proponen quitarle a la gente esos derechos, lo único que van a lograr es que se sigan secando los campos, que se corten los árboles y que haya más cesantía".
Para el agricultor, Ricardo Sanhueza, en tanto, hasta hace unos años el agua alcanzaba para todos y se podía vivir bien con unas pocas hectáreas. "El problema es que llegaron los empresarios, pelaron los cerros, plantaron paltos y se secó el valle. Falta agua y siguen plantando. Esto es el far west ".
El viernes 8 se escribió otro capítulo de esta guerra por el agua. Mundaca fue notificado de una querella criminal interpuesta por Edmundo Pérez Yoma por delito de injurias.
Agua y tierra
La diputada Adriana Muñoz (PPD) presidió la Comisión Investigadora sobre extracción ilegal de aguas y ha llegado a la convicción de que el tema de escasez se origina en 1981, cuando el gobierno decide entregar derechos de aguas separados de la tenencia de la tierra. "El Código de 1981 separó el agua de la tierra, lo que permite que una persona reciba derechos gratuitos de todos los chilenos y los venda. Por eso los camiones cisterna se han transformado en una institución y en un negocio más rentable que la agricultura".
En la misma línea, la diputada por la zona de Petorca, Andrea Molina (UDI) -quien también integró la Comisión Investigadora-, recuerda que el año pasado se querelló contra quienes resulten responsables por la extracción ilegal de aguas, pero llama a tener presente también que la región vive una de las peores sequías de su historia.
"Aquí ha habido una sobreexplotación de aguas y también es cierto que hay terrenos que no eran aptos para estos cultivos, como las laderas de los cerros. Hubo una entrega de derechos de aguas que no deberían haberse entregado porque la cuenca estaba agotada".
La "funa" de Modatima al diputado Eduardo Cerda
La organización que lidera el ingeniero Rodrigo Mundaca -con estudios en la Universidad de Matanzas, Cuba- protagonizó un violento incidente el domingo pasado, según el diputado Cerda. Tal como recuerda el congresista, ese día él concedió una entrevista a una radio local para hablar precisamente del tema del agua. En medio de la entrevista, un grupo de integrantes, supuestamente de este movimiento, irrumpió en las dependencias de la radioemisora para tratar de detener las transmisiones. "Golpearon a patadas la puerta de la radio, esta gente no representa a los pequeños agricultores, son activistas con una agenda política" que se opone al modelo agroindustrial, dice.
Mundaca reconoce que fue estudiante de posgrado en Cuba, descarta que haya militado en el MIR -como lo creen y lo sostienen todos los agricultores con los que se enfrenta- y añade que esos argumentos son utilizados para criminalizar la lucha por el agua.
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