A juicio del Gobierno, la normativa es esencial para evitar una crisis sanitaria.
Miriam Leiva
Al filo de la fecha y con la industria siguiendo cada paso, el Gobierno logró que el proyecto que cierra la entrega de concesiones acuícolas entre 2012 y 2015, fuera despachado a ley.
Esta semana, gracias a la calificación de discusión inmediata, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron esta normativa, que debe estar publicada antes del 8 de abril, fecha en que vencía el plazo que suspendía transitoriamente la entrega de concesiones.
La nueva ley no sólo cierra la puerta a nuevas concesiones, sino que además permite la relocalización de cultivos, especialmente de salmón, en la Región de Aysén. "Este proyecto es fundamental porque si no el país se expondría a una crisis sanitaria", manifestó el ministro de Economía, Pablo Longueira, para convencer a los senadores en la tramitación.
Durante este proceso hubo reparos de la Acotruch -Asociación de Productores de Salmón y Trucha- acogidos por algunos parlamentarios. Esto, porque existían unos 38 procesos de solicitudes de concesiones que contaban con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) positiva, precisamente en el sector a relocalizar. Finalmente, se llegó a un consenso, incluido en un artículo transitorio, que les reconoce en 2015 el cumplimiento del proceso administrativo, cuya solicitud podrán renovar sólo si el espacio no ha sido ocupado por centros relocalizados.
El ministro justificó este artículo y explicó que contar con una RCA "no significa un acto jurídico que establezca propiedad, porque aún quedan otros trámites". La concesión, dijo, es tal cuando toma razón la Contraloría.
Este proyecto también pone fin a las 900 peticiones de concesiones para cultivar choritos y algas. "Este sector colapsó y ahora hay que regularlo, establecer barrios, macrozonas. Necesitamos retirar de los corredores concesiones otorgadas, y a esas concesiones con pleno derecho les vamos a dar prioridad para trasladarlas a Aysén", sostuvo Longueira.
Aumento de patentes
La iniciativa también aumenta el monto de las patentes que paga esta industria desde las ocho UTM por hectárea a 10 UTM en 2013, subiendo gradualmente hasta llegar a 20 UTM en 2017. También se incorpora un incentivo para la relocalización, que consiste en no subir las patentes en tres años a quienes se trasladan.
ADICIONAL
La ley introduce un pago adicional de patentes para quienes no usen las concesiones.
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