El cálculo de la autoridad es claro: cerca de 200 concesiones acuícolas, todas ellas ubicadas en el sur de Chile, están a punto de caducar por no uso. La cifra representa nada menos que el 10% de toda la industria salmonera, que a mediados de 2007 detectó el primer caso de virus ISA, anemia infecciosa que, tras su propagación por los centros de cultivo, provocó una alta mortandad de peces y fuertes pérdidas a las empresas del sector.
La producción total, por ese mismo efecto, se reducirá en 50% en este ejercicio. Según la legislación vigente, afirman altas fuentes de gobierno, la no utilización implica inmediatamente la pérdida del derecho de explotación en una zona determinada.
“La ley actual no previó que se producirían problemas sanitarios como los que hemos visto”, explican en el Ejecutivo.
En la nueva legislación, que hoy está en la Comisión de Hacienda del Senado, el tema de las concesiones es, precisamente, uno de los más polémicos, a raíz de una indicación que elimina el carácter indefinido de estos derechos, como ocurre y hoy, y los reemplaza por un período máximo de 25 años. Además, incorpora como causal de caducidad el incumplimiento de normas laborales, lo que ha provocado el rechazo de la industria, que al cierre de 2008 logró exportaciones por más de US$ 2.600 millones.
La discusión de la ley estuvo precedida por un proceso de renegociaciones de pasivos por parte del sector, con sus acreedores bancarios, a los que adeuda más de US$ 1.600 millones, de acuerdo con cálculos oficiales.
Fuente: "La Tercera"
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