El ministro Sergio Bitar explicó que la iniciativa apunta a reconocer en la Carta Fundamental el agua -incluidas las nieves y los glaciares, como bien nacional de uso público. Este sería el primer paso para que en futuros proyectos se avance hacia la caducidad de derechos de agua ya otorgados.
El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, presentó ayer el borrador de un proyecto de ley que consagra en la Constitución que las aguas -incluidas las nieves y glaciares- son un bien nacional de uso público.
De acuerdo con Bitar, esta enmienda abriría las puertas a futuras leyes que permitan caducar y devolver al Estado derechos de agua ya entregados a actores privados cuando no se usen. Hoy, las tres principales eléctricas del país (Endesa, AES Gener y Colbún) concentran el 90% de estos derechos, según el MOP.
Si bien el ministro Bitar declinó comprometer la fecha de envío de la iniciativa al Congreso, delegando la decisión final en la Presidenta, dijo que espera que ello se concrete en esta administración.
Bitar justificó la iniciativa explicando que se hace necesaria en vista de la escasez relativa del recurso, que se está acentuando.
Según el titular del MOP, será labor de futuros gobiernos decidir si envían proyectos de ley que definan las causales para terminar con derechos de agua ya concedidos.
El borrador señala que la ley “establecerá el procedimiento de exploración, constitución, reconocimiento, transferencia, transmisión, renuncia, extinción, caducidad y pérdida de los derechos de los particulares sobre las aguas”. En todo caso, el proyecto intenta dar una señal de tranquilidad a las empresas y a quienes ya tienen derechos constituidos y que piensan utilizarlos en sus proyectos.
“La enmienda no afecta la certeza y seguridad jurídica de los propietarios de derechos reales de aprovechamiento de aguas, para emprender o desarrollar actividades económicas y productivas con reglas claras y precisas que garanticen inversiones que realicen para tales fines”, dice el texto.
En el documento se plantea que hay “una concentración desproporcionada” de derechos de agua para fines de generación hidroeléctrica, la cual se corrigió en parte con el cambio al Código de Aguas en 2005, pero que esto fue insuficiente por la carencia constitucional.
Bitar explicó que existe certeza de que el agua es un recurso cada vez más escaso y limitado y que por ello, el Estado debe tener las herramientas para actuar si se presentan situaciones difíciles en el futuro. Más aun, dado el aumento de la población y su crecimiento económico, lo cual traerá consigo mayor demanda por el agua y eventuales nuevos conflictos entre distintos sectores productivos.
El proyecto asegura que la disponibilidad del agua para el Estado se transforma en un asunto de “seguridad nacional”.
Además, la iniciativa plantea la creación de corporaciones administradoras de cuencas hidrográficas para atender distintos problemas que éstas enfrentan en el país, como erosión, sedimentación, sequías y otros.
Bitar reconoció que el cambio constitucional requerirá altos quórum para ser aprobado, por lo que buscarán el acuerdo transversal con bancadas de la oposición.
El envío de este proyecto tiene preocupadas a las eléctricas, dado que si es aplicado a sus derechos ya constituidos podría poner en riesgo alguno de sus proyectos.
Fuente: "La Tercera"
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