El cuidado del medioambiente debe tener un lugar destacado a la hora de evaluar cualquier proyecto, pero, de la misma forma, es necesario que los nuevos actores y los que ya están presentes en el mercado tengan las facilidades para materializar sus iniciativas.
Recientemente este medio informó que durante el último año grandes actores de la industria eléctrica mundial mostraron interés por ingresar al mercado chileno de generación eléctrica, incentivados por los altos precios y el crecimiento esperado de la demanda. Sin embargo, luego de estudiar las condiciones para desarrollar sus inversiones, desistieron de hacerlo, fundamentalmente por considerar que la variable medioambiental les generaría problemas.Según fuentes de esas empresas, una de sus principales preocupaciones fue la disparidad de criterios de los distintos organismos medioambientales de regiones al momento de evaluar un proyecto. También vieron con recelo la judicialización de varios proyectos, porque, según creen, se estaría generando “una industria de demandas” apoyada por abogados y organizaciones internacionales que retrasa los procesos.
Lamentablemente, estas percepciones son alimentadas por los traspiés que han sufrido iniciativas eléctricas actualmente en desarrollo. En agosto del año pasado HidroAysén -proyecto que contempla la construcción de cinco represas en la Patagonia- presentó su Estudio de Impacto Ambiental, el que, luego de ser evaluado por las instancias técnicas pertinentes, recibió cerca de 3.000 reparos emanados de 32 organismos públicos. Ante la dificultad de contestar tal cantidad de objeciones en el plazo legal, la empresa suspendió el proceso de evaluación del proyecto hasta este año, retrasando el avance de la iniciativa.
Por otra parte, en algunos casos recientes los responsables de velar por la aplicación de la institucionalidad ambiental han mostrado falta de rigurosidad: la Corte Suprema encontró motivos suficientes para detener la construcción de la central termoeléctrica Campiche, en la V Región -pese a que contaba con los permisos exigidos por la ley-, tras haber sido autorizada por la Conama y la Corema respectiva en un sector donde no podían otorgarse permisos para una industria como esa.
Este tipo de situaciones genera un clima de incertidumbre que puede desincentivar nuevas inversiones en el sector eléctrico: no sólo disminuyen las expectativas de obtener un retorno del capital invertido en un rubro donde los proyectos son de alto costo y complejidad -lo que supone una apuesta de largo plazo para las empresas-, sino que también hace surgir dudas razonables sobre la estabilidad de “las reglas del juego” en materia de exigencias ambientales y, asimismo, sobre la calidad del trabajo de las reparticiones públicas involucradas.
Al tratarse de un tema de interés estratégico para Chile, las autoridades debieran esforzarse por facilitar la explotación de la capacidad productiva del país en esta materia en un contexto de urgente diversificación y ampliación de la matriz energética nacional.
No se trata, por cierto, de relajar las normas que regulan la construcción de las centrales de generación eléctrica ni de establecer exigencias más laxas en materia ambiental para su funcionamiento. El cuidado del medioambiente debe tener un lugar destacado a la hora de evaluar cualquier proyecto, pero, de la misma forma, es necesario que los nuevos actores y los que ya están presentes en el mercado tengan las facilidades para materializar sus iniciativas y no se vean entrampados por una excesiva burocracia o, peor aun, por una actuación poco prolija de las instituciones que velan por esa dimensión.
El costo de no hacerlo es complicar las perspectivas de desarrollo del país. En el futuro cercano el suministro energético puede transformarse en un “cuello de botella” que hipoteque el crecimiento económico de Chile. La existencia de reglas claras y mecanismos transparentes de resolución de conflictos contribuye a generar un entorno de negocios e institucional que atraiga las inversiones que ayuden a superar el desafío futuro en materia energética, en lugar de alejarlas.
Fuente: "La Tercera"
Recientemente este medio informó que durante el último año grandes actores de la industria eléctrica mundial mostraron interés por ingresar al mercado chileno de generación eléctrica, incentivados por los altos precios y el crecimiento esperado de la demanda. Sin embargo, luego de estudiar las condiciones para desarrollar sus inversiones, desistieron de hacerlo, fundamentalmente por considerar que la variable medioambiental les generaría problemas.Según fuentes de esas empresas, una de sus principales preocupaciones fue la disparidad de criterios de los distintos organismos medioambientales de regiones al momento de evaluar un proyecto. También vieron con recelo la judicialización de varios proyectos, porque, según creen, se estaría generando “una industria de demandas” apoyada por abogados y organizaciones internacionales que retrasa los procesos.
Lamentablemente, estas percepciones son alimentadas por los traspiés que han sufrido iniciativas eléctricas actualmente en desarrollo. En agosto del año pasado HidroAysén -proyecto que contempla la construcción de cinco represas en la Patagonia- presentó su Estudio de Impacto Ambiental, el que, luego de ser evaluado por las instancias técnicas pertinentes, recibió cerca de 3.000 reparos emanados de 32 organismos públicos. Ante la dificultad de contestar tal cantidad de objeciones en el plazo legal, la empresa suspendió el proceso de evaluación del proyecto hasta este año, retrasando el avance de la iniciativa.
Por otra parte, en algunos casos recientes los responsables de velar por la aplicación de la institucionalidad ambiental han mostrado falta de rigurosidad: la Corte Suprema encontró motivos suficientes para detener la construcción de la central termoeléctrica Campiche, en la V Región -pese a que contaba con los permisos exigidos por la ley-, tras haber sido autorizada por la Conama y la Corema respectiva en un sector donde no podían otorgarse permisos para una industria como esa.
Este tipo de situaciones genera un clima de incertidumbre que puede desincentivar nuevas inversiones en el sector eléctrico: no sólo disminuyen las expectativas de obtener un retorno del capital invertido en un rubro donde los proyectos son de alto costo y complejidad -lo que supone una apuesta de largo plazo para las empresas-, sino que también hace surgir dudas razonables sobre la estabilidad de “las reglas del juego” en materia de exigencias ambientales y, asimismo, sobre la calidad del trabajo de las reparticiones públicas involucradas.
Al tratarse de un tema de interés estratégico para Chile, las autoridades debieran esforzarse por facilitar la explotación de la capacidad productiva del país en esta materia en un contexto de urgente diversificación y ampliación de la matriz energética nacional.
No se trata, por cierto, de relajar las normas que regulan la construcción de las centrales de generación eléctrica ni de establecer exigencias más laxas en materia ambiental para su funcionamiento. El cuidado del medioambiente debe tener un lugar destacado a la hora de evaluar cualquier proyecto, pero, de la misma forma, es necesario que los nuevos actores y los que ya están presentes en el mercado tengan las facilidades para materializar sus iniciativas y no se vean entrampados por una excesiva burocracia o, peor aun, por una actuación poco prolija de las instituciones que velan por esa dimensión.
El costo de no hacerlo es complicar las perspectivas de desarrollo del país. En el futuro cercano el suministro energético puede transformarse en un “cuello de botella” que hipoteque el crecimiento económico de Chile. La existencia de reglas claras y mecanismos transparentes de resolución de conflictos contribuye a generar un entorno de negocios e institucional que atraiga las inversiones que ayuden a superar el desafío futuro en materia energética, en lugar de alejarlas.
Fuente: "La Tercera"
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