Desafío actual:
Si la participación ciudadana es un tema fundamental en todo ámbito -aunque sólo se discuta en periodo de elecciones o al pasar de alguna encuesta-, es un proceder indispensable y permanente en el ámbito de la cultura y su preservación. Porque una ética social elemental implica el derecho a desarrollar el patrimonio de cada grupo social, el cual debería ser garantizado como derecho ciudadano.
Esto implica asegurar varias circunstancias difíciles pero necesarias: primero, una representatividad que se consigue con la participación de todos los grupos. Segundo, un tiempo de diálogo suficiente que no sea avasallado por los apuros de inauguraciones o por la mala costumbre de hacer todo a última hora. Tercero, asegurar que los criterios y soluciones técnicas sean multisistémicas y multidisciplinarias. Y cuarto, que exista una legislación que promueva la refuncionalización y la integración, antes que la sola preservación. Y muchos otros temas se podrán agregar a este listado, pero lo principal es no confiar que una ley hará el trabajo por nosotros.
La preservación de nuestro patrimonio arquitectónico requiere la compatibilidad de lo antiguo con los requerimientos de la sociedad contemporánea, promoviendo una normativa que dé facilidades tributarias a los inversores -sobre todo a los microinversores- y si esto no es posible, asegurar la protección de los bienes patrimoniales para evitar el vandalismo.
La experiencia de las oficinas salitreras y de muchos edificios emblemáticos que han ido desapareciendo en virtud de una normativa que sólo asegura la preservación, sin asegurar la protección, ni promover el reciclaje y la refuncionalización, debería evitar que tropecemos nuevamente con la misma piedra: que la legislación no sea una solución sino un problema, y que no suceda que los edificios patrimoniales sean desarmados a vista y paciencia de todos, para luego invertir millonarias sumas en restaurar lo que se dejó saquear.
En el campo de los objetos la situación no es menos grave; el olvido de las culturas aborígenes ha sido en parte por el robo o la destrucción de sus objetos; la dispersión de las obras de arte nacionales son un patrimonio disperso en salones privados, descatalogadas, deterioradas y fuera de la posibilidad del estudio de los investigadores.
De paso, también implica cambiar la mentalidad de coleccionista-egoísta que atesora en privado lo que pertenece a la sociedad (aunque debamos concederle la escondida preservación de las obras). ¿Cuántas obras de arte yacen decorando salones privados, mientras construimos museos para muestras inexistentes que luego serán poco visitadas? También hay que pensar en una legislación que promueva la adquisión, preservación y difusión de este patrimonio.
Fuente: "El Mercurio"
Si la participación ciudadana es un tema fundamental en todo ámbito -aunque sólo se discuta en periodo de elecciones o al pasar de alguna encuesta-, es un proceder indispensable y permanente en el ámbito de la cultura y su preservación. Porque una ética social elemental implica el derecho a desarrollar el patrimonio de cada grupo social, el cual debería ser garantizado como derecho ciudadano.
Esto implica asegurar varias circunstancias difíciles pero necesarias: primero, una representatividad que se consigue con la participación de todos los grupos. Segundo, un tiempo de diálogo suficiente que no sea avasallado por los apuros de inauguraciones o por la mala costumbre de hacer todo a última hora. Tercero, asegurar que los criterios y soluciones técnicas sean multisistémicas y multidisciplinarias. Y cuarto, que exista una legislación que promueva la refuncionalización y la integración, antes que la sola preservación. Y muchos otros temas se podrán agregar a este listado, pero lo principal es no confiar que una ley hará el trabajo por nosotros.
La preservación de nuestro patrimonio arquitectónico requiere la compatibilidad de lo antiguo con los requerimientos de la sociedad contemporánea, promoviendo una normativa que dé facilidades tributarias a los inversores -sobre todo a los microinversores- y si esto no es posible, asegurar la protección de los bienes patrimoniales para evitar el vandalismo.
La experiencia de las oficinas salitreras y de muchos edificios emblemáticos que han ido desapareciendo en virtud de una normativa que sólo asegura la preservación, sin asegurar la protección, ni promover el reciclaje y la refuncionalización, debería evitar que tropecemos nuevamente con la misma piedra: que la legislación no sea una solución sino un problema, y que no suceda que los edificios patrimoniales sean desarmados a vista y paciencia de todos, para luego invertir millonarias sumas en restaurar lo que se dejó saquear.
En el campo de los objetos la situación no es menos grave; el olvido de las culturas aborígenes ha sido en parte por el robo o la destrucción de sus objetos; la dispersión de las obras de arte nacionales son un patrimonio disperso en salones privados, descatalogadas, deterioradas y fuera de la posibilidad del estudio de los investigadores.
De paso, también implica cambiar la mentalidad de coleccionista-egoísta que atesora en privado lo que pertenece a la sociedad (aunque debamos concederle la escondida preservación de las obras). ¿Cuántas obras de arte yacen decorando salones privados, mientras construimos museos para muestras inexistentes que luego serán poco visitadas? También hay que pensar en una legislación que promueva la adquisión, preservación y difusión de este patrimonio.
Fuente: "El Mercurio"
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