El ministro de Obras Públicas defiende la idea de fijar en la Constitución que las aguas son bienes de uso público y que sus derechos estén sujetos a caducidad. “Este es un proyecto de regulación de los derechos”, afirma.
Hace un mes, un comité de ocho ministros acordó recomendar una reforma legal que no ha estado exenta de controversia: fijar en la Constitución que las aguas son bienes de uso público y permitir la caducidad de los derechos de aprovechamiento otorgados. Centros de estudio como Libertad y Desarrollo han criticado la pretensión gubernamental. Uno de los creadores del Código de Aguas, Hernán Büchi, acusó el viernes que la iniciativa erosiona derechos de propiedad de los concesionarios de las aguas.
El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, defiende la reforma, hoy en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. “Este no es un proyecto de nacionalización de las aguas y en ese sentido es más potente, porque abre una discusión sin generar posturas radicales. Es un proyecto de regulación de los derechos”, dice Bitar.
El ministro refuta las críticas recordando que la Constitución establece el mismo rango constitucional a los recursos mineros y los hidrocarburos, los que pueden entregarse en concesión y que están sujetos a caducidad. “Paradojalmente el agua, que es esencial para la vida, aparece en un rango inferior a la minería o al petróleo y el gas”, asegura.
El proyecto del gobierno otorga rango constitucional a las aguas en estado líquido, sólido (glaciares) y gaseoso (géiseres) y también establece que las leyes regularán su exploración, constitución de derechos, transferencias y caducidad. Esas futuras leyes no serían enviadas por este gobierno. “No es necesario. Lo que es necesario es abrir el debate, porque para hacer la reforma constitucional hay que acordarlo con la oposición, porque como Concertación no tenemos los votos”, afirma Bitar.
El ex presidente del PPD dice que hay senadores, como Antonio Horvarth y Carlos Cantero, que se han manifestado dispuestos a legislar y admite que el establecimiento de la caducidad no será una batalla fácil. “Una discusión de esta naturaleza será larga y el parlamento resolverá si quiere dejarla o no”.
Pese a ello, insiste en su llamado: “Es un tema mayor y lo peor que podemos hacer es escabullirlo o, con una posición conservadora absurda, pensar que esto es sólo unamercancía privada”, reclama. Y ante la insistencia del reclamo por los derechos de propiedad, responde: “La inspiración es al revés: un uso inteligente de los derechos, evitar formas de especulación u otorgamiento de derechos de manera perpetua sin uso, o la concentración en pocas manos, hace más lento el desarrollo económico”, dice.
Fuente: "La Tercera"
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