La reforma constitucional que presentará el gobierno planea poner término a una concesión de derechos de agua, para solucionar el problema de la escasez del recurso.
El gobierno avanza en su plan de concretar una reforma constitucional para regular el mercado de los derechos de agua. En manos de la PresidentaMichelle Bachelet y del ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, ya se encuentra el articulado que redactó el Comité Hídrico de ministros -que preside Sergio Bitar, titular del MOP- y que permitirá al Estado “poner término a una concesión de agua que otorgó”, explica el subsecretario de Obras Públicas, Juan Eduardo Saldivia. La idea es facilitar la ejecución de proyectos productivos que no ven humo blanco por falta del recurso.
De aprobarse la reforma, se requiere una ley posterior para definir las causales de caducidad de los derechos. A la fecha, el gobierno es partidario de que sea por no uso. Según Saldivia, habrá consenso en el grueso de los tres aspectos de la reforma constitucional (ver recuadro). Las discrepancias, estima, vendrán en la ley complementaria, cuya discusión girará en torno a la retroactividad de la norma. “No está descartado que puedan caducar derechos otorgados con anterioridad a la vigencia de la ley”, afirma Saldivia. ¿La razón? De la VII Región al norte todos los derechos de aguas superficiales están otorgados y para que la norma resuelva el problema de escasez, “tenemos que hacerlo efectivo respecto a derechos otorgados antes de la vigencia de la nueva ley”, dice Saldivia.
Mientras en algunas reparticiones se habla de ingresar la reforma al Senado en octubre, en otras estiman que será con posterioridad a la tramitación de la Ley de Presupuesto y que, en el mejor escenario, se aprobaría la idea de legislar antes del cambio de gobierno. El camino no es fácil, ya que lograr los dos tercios que requiere una reforma constitucional obliga a “generar acuerdos políticos respecto al contenido de la futura ley”, aclara una fuente del sector. Rodrigo Weisner, director de la DGA, confirma que, de aprobarse la reforma, una alternativa podría ser la caducidad por no uso. Hoy rige una patente en caso de no utilizar el agua, pero ésta no ha solucionado el problema, ya que muchos usuarios prefieren pagar multas en vez de liberar el agua Actualidad y los derechos no vuelven al mercado.
Otra posibilidad -que no está en el proyecto- es que exista un precio o impuesto por tener el derecho de agua, se use o no, “y si no se paga ese impuesto, caduca el derecho”, resume Weisner. Esta opción ha sido planteada por la oposición y “podría incorporarse, durante el debate de la ley”, dice el titular de la DGA.
La propuesta
El articulado que propuso el Comité Hídrico de ministros contempla:
Bien deuso público Elevar a rango constitucional el concepto de agua como bien nacional de uso público y que el derecho que se otorga está protegido por el régimen de propiedad.
Caducidad de derechos Abre paso a la caducidad de los derechos de agua, aunque no especifica las circunstancias (serámateria de otra ley).
Manejo de cuencas Busca establecer corporaciones adminitradoras de cuencas y que el Estado pueda reservar agua en interés del bien público o pormotivos estratégicos.
Fuente: "La Tercera"
No hay comentarios:
Publicar un comentario