A pesar de estar prohibido, se entregaron derechos de agua

Si bien el acuífero se cerró en 1994, académicos de la UC determinaron que siguieron concediéndose derechos de aprovechamiento de las aguas subterráneas. Al analizar las transferencias, se detectó que el mayor comprador y vendedor es el agro, aunque no se sabe cuántos derechos existen en arriendo. En la actualidad, el agro es el que posee el mayor número de derechos y de caudal, seguido por la minería. Patricia Vildósola Errázuriz  

 La sequía de los últimos años fue la gota que rebasó el vaso en Copiapó. Más bien fue la que llegó a exponer lo dramática que era la situación de un acuífero que, según estudios realizados en distintas épocas, se veía que desde 1988 venía literalmente vaciándose, pues cada vez se extraía más agua que la que alcanzaba a recargarlo.
Y si bien desde hace años que en la zona se sabe que ha habido una sobreexplotación,  la causa nunca ha estado clara. Lo que ha habido han sido acusaciones cruzadas entre los distintos sectores -especialmente el agro y la minería- sobre quién es el causante del agotamiento del acuífero y sobre quién tiene efectivamente los derechos de esas aguas.
Pero información clara y comprobable, que permitiera dilucidar las dudas, no había.
Al menos hasta ahora.
Pero en la actualidad un estudio realizado por la Facultad de Agronomía de la UC analizó los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas otorgados y transados en el valle desde 1969 hasta el 2012.
Además de dejar claro en manos de quién está efectivamente el agua, el estudio evidenció que, a pesar de que en 1994 se prohibió seguir entregando derechos de aprovechamiento, estos se siguieron otorgando, lo que agudizó un problema que varios estudios ya habían anunciado: el acuífero está en situación crítica.
"El análisis realizado, tanto a nivel de sector administrativo como global, permite concluir que el acuífero de Copiapó, bajo el sistema de explotación actual, se encuentra bajo una severa sobreexplotación, la cual únicamente ha ido empeorando desde que fue anunciada", comenta Guillermo Donoso, quien, junto a Elisa Blanco y Slavna Pavlov, ejecutó el estudio.
Hasta este estudio no estaba claro quién tenía efectivamente los derechos de agua de ese acuífero. Para determinarlo se recopiló la información de todos los derechos otorgados en el Catastro Público de Aguas de la DGA; se compararon estos registros con los libros de aguas de los conservadores de bienes raíces, lo que permitió identificar los derechos del Catastro que no están inscritos, así como los otorgados por sentencia judicial u otro procedimiento que no requirieron una resolución de la DGA. Luego identificaron las transacciones de cada uno hasta mayo de 2012, lo que generó una base de datos de todos los títulos originales y sus transacciones hasta el usuario final.
Si bien se sabía que desde 1988 la situación del acuífero era crítica, se siguieron otorgando derechos hasta 1993, cuando se decretó una primera prohibición de seguir haciéndolo. En 1994 la prohibición se modifica y se circunscribe a la cuenca del río Copiapó, que había sido subdividido en seis sectores. En el año 2001 se levanta la prohibición de los sectores 5 y 6, los más cercanos al mar, y se decreta para ellos zona de restricción que permite otorgar derechos provisorios; es decir, que admiten extraer los volúmenes establecidos hasta que los estudios de la DGA determinen si son definitivos o los elimine.
"Es una zona donde lo que prima son pequeños agricultores, que, de hecho, son los que en ese período recibieron los derechos, pero que implica caudales más bien pequeños", explica Guillermo Donoso.
En el 2004 se crea, además, la primera comunidad de aguas subterráneas (CASUB) en los sectores 5 y 6, con la idea de administrar los derechos de aguas que ya se habían otorgado. Sin embargo, recién en 2008 comenzarían a operar efectivamente.
A la fecha, de acuerdo con el estudio de la UC, en la cuenca se han otorgado 470 derechos de aprovechamiento, con un caudal de 19.724 litros por segundo. Sin embargo, dada la caída del nivel del acuífero hoy se estarían extrayendo del orden de 8 mil litros por segundo. Aún así, hay que considerar que la capacidad de recarga del acuífero es de 3.700 litros por segundo... cuando hay aguas superficiales, las que en los últimos años prácticamente no han existido.
De ese total de derechos, 76,6% es del agro, el 9,3% de la minería, 5,5% la industria y el 4,1% para el sector sanitario. En términos de caudal, aunque hay leves cambios, se mantiene la predominancia de la agricultura, con 73%; la minería, 11; el sector sanitario crece, con 7%; y la industria queda con 6,4%.
"Esto es porque los derechos tienen distintos caudales. El caudal promedio es más alto en la sanitaria, seguido por la minería, la industria y, por último, está la agricultura", comenta Elisa Blanco.
También se determinó que de los seis sectores del acuífero, el 1 y el 2, -los de más arriba- se recuperan por las lluvias y por la cercanía del embalse. Lo complejo es que los sectores 3, 4, 5 y 6, son los con mayor sobreotorgamiento de derechos, y son, al mismo tiempo, los más complicados en términos de recuperación.
En período de prohibición
A medida que avanzaba, el estudio comenzó a develar lo que explica por qué el acuífero está en una situación tan crítica: mostró que, a pesar de la prohibición de entregar nuevos derechos, estos siguieron otorgándose.
"Para analizar esta situación se eliminaron las solicitudes ingresadas antes del cierre del acuífero y que fueron otorgados posteriormente; y tampoco se consideraron las entregadas como derechos provisorios. Aun así, se vio que entre 1995 y 1996, por ejemplo, se otorgan 35 derechos y que los mayores caudales son para el sector agrícola y minero. Solo es a partir de 2001 que se percibe un quiebre en el que se comienza disminuyendo paulatinamente el caudal entregado en cada título, pese a continuar con casos aislados, incluso en los años 2006, 2008 y 2010", comenta Donoso.
La mayor parte de esos derechos están entregados al agro y al sector sanitario.
Un elemento que apoya lo anterior es que en esos períodos las transferencias de estos derechos fueron escasas: de acuerdo con lo que detectaron los especialistas de la UC, el cierre del acuífero no agilizó el mercado del agua; es decir, no hubo un aumento significativo de transferencias, como era de esperarse con el crecimiento económico que vivía la zona en ese momento. La situación recién empieza a cambiar en el año 2001, cuando se reduce efectiva y significativamente el otorgamiento de derechos y entonces aumenta la transferencia de los existentes.
Y el mayor comprador no es la minería, como se suele pensar.
El agro sigue teniendo más
Si bien el argumento utilizado en los últimos años en la zona de Copiapó es que la minería estaría acumulando los caudales y derechos de aprovechamiento de agua, el estudio mostró que, al menos, en lo que a propiedad se refiere, la situación no es tal.
De acuerdo con la información recabada en el estudio, el mayor vendedor de derechos de agua, desde 1984 hasta el 2012, ha sido el agro. Ello es lo que se viene sosteniendo desde hace tiempo.
Sin embargo, la sorpresa aparece al mirar quien es el principal comprador, se ve que es... el mismo agro.
"Es decir, las mayores transferencias se realizan entre agricultores. El sector minero es el segundo sector económico que participa como comprador", indica Donoso.
Aun más, a partir de 2008, cuando la sequía arrecia en Copiapó y el cuestionamiento al manejo de las mineras aumenta, este rubro disminuye las compras. Hay que dejar claro, eso sí, que aquí lo que se considera es la venta y compra de derechos y no se incluye eventuales arrendamientos de estos, ya que no existen registros, aunque se estima que puede haber mucho agricultor que esté "arrendando" sus aguas a las mineras, sacando así el agua del circuito agrícola.
Lo importante, dice Donoso, es que quedó claro que fue la continua entrega de derechos, que implicó el sobreotorgamiento.
"Esto debido a que no se realizaron las acciones correspondientes para disminuir el nivel de derechos  de aprovechamiento de aguas otorgados hasta una década después y, éstas recién se lograron implementar con dos décadas de retraso".
Empuje a las comunidades
A partir de lo que han detectado, una de las acciones que se están desarrollando es buscar la forma de constituir nuevas comunidades de agua en el sector alto del acuífero.
"Aquí hemos visto que hay un desconocimiento profundo del usuario. El Código de Aguas de 1981 les otorga tremendas atribuciones a los mismos usuarios, para que, al organizarse, puedan autogestionarse y autorregular las aguas. Es decir, son las organizaciones de usuarios las que tienen los deberes de gestionar las aguas, fiscalizar por un correcto uso, las extracciones de cada derecho. Cabe la pregunta, entonces, si parte del problema actual  es la falta de esta gestión, y por ende, de fiscalización. Por ello resulta clave establecer estas organizaciones para que los usuarios aprovechen las herramientas que les otorga el Código", enfatiza Donoso.
De hecho, la Comisión Nacional de Riego licitó un estudio para capacitar y fortalecer a la única comunidad de aguas que existe en la zona (la de los sectores 5 y 6) y, además, constituir las de los otros sectores del acuífero.
"No se realizaron las acciones correspondientes para disminuir el nivel de derechos de aprovechamiento de aguas otorgados hasta una década después...".
Guillermo Donoso
Uno de los Académicos que realizó el estudio

Fuente:http://diario.elmercurio.com/2013/05/27/revista_del_campo/_portada/noticias/e180bfe7-84aa-416e-b2ad-73f25c1f4d86.htm