En el curso de la profunda crisis de la industria salmonera a raíz del virus ISA, han ido aflorando factores que no se conocieron inicialmente, como el real nivel de uso de antibióticos, por ejemplo, a cuyo respecto hoy se contraponen versiones que no refuerzan la imagen de este sector. Con todo, existe amplio consenso en la necesidad de un nuevo marco normativo para dicha industria, como condición básica para que pueda recuperarse. El proyecto de nueva legislación facilita la reorganización territorial de la producción, eleva los estándares sanitarios, intensifica la fiscalización y aumenta las sanciones por infracciones a la normativa. Así, sienta las bases del nuevo modelo de negocio y crea incentivos adecuados.
Pero ha transcurrido ya un semestre desde que el Ejecutivo envió dicho proyecto al Congreso para su urgente tramitación, y ésta sigue demorando. Entretanto, las inversiones están paralizadas porque el negocio no es rentable en las condiciones actuales, y las negociaciones con la banca avanzan más lento que cuanto lo harían si hubiera certidumbre normativa. Esta tardanza agudiza los daños sociales y económicos que la crisis está provocando en el sur del país y favorece el que otros proveedores se asienten en mercados que tradicionalmente eran servidos por Chile. Así, Noruega ya está elevando su participación en el mercado estadounidense, algo que costará revertir después.
En los últimos días el debate legislativo se ha centrado en las concesiones de acuicultura. Se discute si deben seguir siendo permanentes; el valor de las patentes; si pueden ser usadas para garantizar préstamos, y si deben revocarse ante faltas en materia laboral. Mientras Gobierno y oposición buscan esquemas que no atenten contra la iniciativa privada en este sector y validan en general el esquema de concesiones como un modelo eficiente de explotación, algunos parlamentarios oficialistas y "descolgados" quieren aprovechar la coyuntura para retroceder en estas materias. Se habla de "desprivatizar el mar", aunque, evidentemente, las concesiones son de uso y no equivalen a una privatización (el recurso sigue siendo de propiedad estatal y existen causales para su revocación, aun en esquemas de duración ilimitada como el vigente).
Lo que finalmente quede plasmado en este nuevo cuerpo legal determinará en gran medida el ritmo y la magnitud de la recuperación de la salmonicultura chilena. Si se imponen más limitaciones a los derechos de propiedad asociados a las concesiones, crece el riesgo del negocio, la inversión exige por tanto mayor retorno y, en consecuencia, el nivel de actividad resultante es menor. Para favorecer realmente a los trabajadores, esto debiera ser el centro del debate.
En una disyuntiva que trasciende a la industria salmonera, se enfrentan posturas liberales y estatistas. Lo que está en discusión es el papel del sector privado en la asignación de recursos escasos y en la producción de bienes y servicios. Si Chile creció vertiginosamente en el pasado, fue porque se abrieron a la iniciativa privada ámbitos tradicionalmente vedados a ese sector.
Pero ha transcurrido ya un semestre desde que el Ejecutivo envió dicho proyecto al Congreso para su urgente tramitación, y ésta sigue demorando. Entretanto, las inversiones están paralizadas porque el negocio no es rentable en las condiciones actuales, y las negociaciones con la banca avanzan más lento que cuanto lo harían si hubiera certidumbre normativa. Esta tardanza agudiza los daños sociales y económicos que la crisis está provocando en el sur del país y favorece el que otros proveedores se asienten en mercados que tradicionalmente eran servidos por Chile. Así, Noruega ya está elevando su participación en el mercado estadounidense, algo que costará revertir después.
En los últimos días el debate legislativo se ha centrado en las concesiones de acuicultura. Se discute si deben seguir siendo permanentes; el valor de las patentes; si pueden ser usadas para garantizar préstamos, y si deben revocarse ante faltas en materia laboral. Mientras Gobierno y oposición buscan esquemas que no atenten contra la iniciativa privada en este sector y validan en general el esquema de concesiones como un modelo eficiente de explotación, algunos parlamentarios oficialistas y "descolgados" quieren aprovechar la coyuntura para retroceder en estas materias. Se habla de "desprivatizar el mar", aunque, evidentemente, las concesiones son de uso y no equivalen a una privatización (el recurso sigue siendo de propiedad estatal y existen causales para su revocación, aun en esquemas de duración ilimitada como el vigente).
Lo que finalmente quede plasmado en este nuevo cuerpo legal determinará en gran medida el ritmo y la magnitud de la recuperación de la salmonicultura chilena. Si se imponen más limitaciones a los derechos de propiedad asociados a las concesiones, crece el riesgo del negocio, la inversión exige por tanto mayor retorno y, en consecuencia, el nivel de actividad resultante es menor. Para favorecer realmente a los trabajadores, esto debiera ser el centro del debate.
En una disyuntiva que trasciende a la industria salmonera, se enfrentan posturas liberales y estatistas. Lo que está en discusión es el papel del sector privado en la asignación de recursos escasos y en la producción de bienes y servicios. Si Chile creció vertiginosamente en el pasado, fue porque se abrieron a la iniciativa privada ámbitos tradicionalmente vedados a ese sector.
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