El Código de Aguas requiere ciertos ajustes, pero no cabe duda que ha logrado impulsar la inversión en gestión e infraestructura de recursos hídricos.
EL AGUA es fuente de vida, salud y progreso de las naciones y sus habitantes. Es por ello que el anuncio de la Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo recién pasado, relativo a una modificación sustantiva al Código de Aguas, es mirado con expectativas y, a la vez, con preocupación.
Para nadie es un misterio que el Código de Aguas de 1981 y luego de más de 30 años de aplicación, requiere de un ajuste y adaptación a las nuevas circunstancias. Los objetivos que se trazó dicha legislación fueron absolutamente cumplidos, ya que se dio impulso a la actividad privada e inversión en materia de gestión e infraestructura de recursos hídricos, áreas en las que el Estado no tenía presupuesto para invertir.
La Presidenta también señaló que se mantendrá aquello que ha funcionado y ha dado buenos resultados, por lo que Chile no partirá desde cero.
En este marco es en el que debe darse cualquier reforma sustantiva al Código de Aguas. Los pilares fundamentales que deben protegerse para que la reforma sea exitosa son los siguientes: 1) Certeza jurídica de los derechos de aprovechamiento de aguas. El 73% de los derechos consuntivos son utilizados por la agricultura. No se puede afectar la propiedad de los derechos en uso o inminente utilización. Todos los proyectos que cuentan con financiamiento descansan en la seguridad y protección de estos derechos. El desafío en este punto es atacar la especulación de los derechos que se encuentran en propiedad de particulares, pero que no se utilizan. Una solución podría ser el aumento de la patente por no uso y mejorar el sistema de remate por no pago, el cual no ha sido posible aplicar por defectos de la legislación de 2005. 2) Mejorar el mercado cubriendo todas aquellas áreas en donde éste no puede actuar. Proteger a los grupos vulnerables y comunidades indígenas es un gran desafío. En este punto resulta fundamental consagrar la prioridad del consumo humano por sobre todo otro uso. 3) Fomentar la formación y profesionalización de las Organizaciones de Usuarios. 4) Avanzar en la gestión integrada de recursos hídricos. 5) Finalmente, mejorar la institucionalidad en dos aspectos; el primero, otorgando mayores atribuciones en materias de fiscalización a la DGA, aumentando las multas y penas asociadas a infracciones y delitos; y en segundo lugar, disminuyendo la alta fragmentación de instituciones con competencia en gestión de recursos hídricos (42 instituciones conforme al estudio del Banco Mundial de 2013).
Es importante señalar que fuera de estas reformas, lo que nuestro país requiere son mayores inversiones en infraestructura hídrica para contar con mayor disponibilidad de aguas. Embalses y recarga artificial de acuíferos asoman como desafíos realizables en el corto y mediano plazo. En este sentido, resulta interesante el capítulo elaborado por el ex director general de Aguas, Humberto Peña, para la Cámara Chilena de la Construcción, y que aparece en el Informe sobre Infraestructura Crítica para el Desarrollo
Fuente: La Tercera
No hay comentarios:
Publicar un comentario