lunes, 7 de julio de 2008

Polémica por “manga ancha” a Codelco para que evacue sus residuos líquidos

El DS 80 es como hacerle la prueba más fácil al mateo de curso. Se supone que debe dar el ejemplo, pero en este caso, le facilitan la tarea. Es lo que alegan parlamentarios sobre la particular normativa que es menos exigente con la empresa estatal que con el resto. Por eso, lo van a acusar al director. En este caso, a los tribunales.





“A Celco también le podrían hacer una norma especial para que siga matando los cisnes”, ironiza el diputado (UDI) Alejandro García Huidobro sobre la decisión de la Contraloría de dar curso al Decreto Supremo 80, que establece normas “especiales” para que la División El Teniente de Codelco evacue sus residuos líquidos. “Cualquier empresa podría fijar una normativa especial de acuerdo a los contaminantes que evacua. Esto es grave”, agrega.


García Huidobro no es el único en esta línea. Los senadores Alejandro Navarro (PS), Guido Girardi (PPD) y Juan Pablo Letelier (PS) acudieron a la Contraloría a buscar respuestas y las encontraron. Aunque no las que esperaban. “Dada la precariedad de la institucionalidad ambiental, al ver a la Contraloría de manos atadas porque es la autoridad política la que fija la norma, se hace muy necesaria la creación de una superintendencia ambiental”, destacó Navarro. “Esta es una flexibilización a una empresa. Hay un evidente abuso de la norma. Ahora cualquier firma podrá exigir lo mismo. Es una pésima señal de la principal industria estatal del país. No vamos a decir que no tiene recursos para invertir en soluciones que no dañen el medio ambiente”.


La norma general establece para el molibdeno un límite máximo de un miligramo por litro y el DS 80 le sube a 1,60 mg/l. En el caso de los sulfatos, la regla señala un tope de 1.000 mg/l y el DS 80 le concede a Codelco el doble: 2.000 mg/l.


¿Y EL EJEMPLO?


El tema cobra fuerza no sólo por la reciente contaminación provocada por la misma división de Codelco en el estero Carén, sino porque a partir de septiembre entrará en vigencia el DS 90, que endurece el criterio que deberán cumplir las empresas al verter sus residuos industriales líquidos (riles). El seguimiento que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) ha realizado a distintas empresas por este motivo ha permitido constatar –en dos meses- un importante nivel de infraccionalidad. Entonces, lo de Codelco asoma como un mal precedente.


Además, a los detractores del DS 80 les llama la atención que la Contraloría haya rechazado la normativa dos veces. “Pero ahora, curiosamente y sin que nadie tenga una explicación, después de todos los argumentos jurídicos de que esto era inconstitucional y que las normas son para todos iguales, aparece en los últimos días antes de irse el contralor (Gustavo Sciolla) aceptando el decreto”, comenta García Huidobro.


El gerente general de división El Teniente, Ricardo Álvarez, asegura estar extrañado por esta oleada de crítica a la normativa. “Nos sorprende porque este decreto está siendo discutido desde abril de 2003 a la fecha y se aprobó siguiendo todo el proceso de elaboración que establece la ley”, comenta.


Álvarez explica que desde que se empezó a estudiar la normativa DS 90 se consideró establecer límites distintos para las aguas claras del estero Carén “porque la emisión de riles depende del lugar en que estás”. Y esta vez sí les dieron la razón porque aportaron estudios científicos que establecieron que no hay impacto de las aguas claras de Codelco para el sector agropecuario de la zona. “Esos estudios tienen poca credibilidad”, alega Navarro. “Es el interesado el que los encarga y decide quién los hace. No puede ser así”.


Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, también criticó el doble estándar de Codelco, porque “como empresa estatal debería dar el ejemplo al sector privado y actuar con rigor para cumplir lo que exige la ley”.


Pese a que el decreto aún no ha sido publicado en el diario oficial, por lo que aún no rige, sus detractores ya anuncian acciones para impugnarlo. “Tenemos muchos caminos para eso porque es ilegal e inconstitucional. Están los recursos de protección y creemos que el Tribunal Constitucional debiera estudiar esta situación”.


EL ESTERO


El derrame de 10 mil litros de aguas contaminantes del relave del embalse Carén de la División El Teniente de Codelco se produjo el pasado 16 de abril. Pero a raíz de esta normativa ha cobrado fuerza.


Sin embargo, Ricardo Álvarez asegura que la situación en el lugar es distinta a lo que dice el informe del SAG que describió el desastre ambiental. Se establecieron seis tramos de rehabilitación y en cinco ya está todo solucionado. “En el último hemos tenido dificultades con los dueños para llegar a ese sector, pero se ha recuperado en un 60%”, comenta. La sola limpieza de la ribera significó unos 800 mil dólares y la estimación final es cercana a los 2 millones de la misma moneda.


Álvarez asegura que en 20 años, “es primera vez que tenemos un incidente de este tipo y hemos tomado todas las medidas para que no vuelva a ocurrir. Pero la responsabilidad es nuestra, sin ninguna duda”.



Fuente: "La Nación"

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