La lentitud con que se concretan las nuevas centrales eléctricas pone en jaque la oferta de electricidad. La Moneda lo sabe, y su opción es interconectar los sistemas y traer energía del extranjero.
"Al lado de lo que está ocurriendo, que no haya un ministro de Energía es el menor de los problemas". La reflexión viene de uno de los mayores empresarios de este país, pero es un juicio compartido ampliamente por expertos, ejecutivos y compañías eléctricas. Y es que, tal como ocurrió en 2008, Chile se enfrenta a una nueva "tormenta perfecta": sólo uno de cada diez proyectos que tienen aprobación ambiental efectivamente se construye; hay sequía, el petróleo está en alza, y hay déficits en la transmisión de la electricidad.
"Si una empresa extranjera quiere invertir en Chile, no sé qué se puede imaginar: la energía es de las más caras del mundo; el Presidente no respeta las instituciones y puede desechar proyectos, como ya ocurrió con Barrancones; hay inversiones eléctricas paradas en la justicia y, además, los ministros duran seis meses", reflexiona María Isabel González, ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
En la industria es un hecho: los ministros Ricardo Raineri, Laurence Golborne, Fernando Echeverría y Rodrigo Álvarez definieron la agenda, acotaron las necesidades e incluso empezaron a confeccionar proyectos de ley necesarios, como la "carretera eléctrica", para viabilizar la transmisión, pero con cada cambio hay atrasos.
Aun así, no es lo que más preocupa en la industria.
Según un directivo del grupo Matte, el país se encamina a una tormenta perfecta, tal como ocurrió en 2008. Los embalses se mantienen en bajos niveles debido a la falta de precipitaciones del año anterior. A febrero de este año, estas fuentes de acopio de agua se encontraban un 56,2% por debajo de sus promedios históricos, aunque aún no se inicia el año hidrológico, que debería comenzar en abril.
En 2011, y por segunda vez en la historia, la generación térmica superó a la hidroeléctrica, y este año ha seguido la misma tónica, con una producción eléctrica a base de agua de 41,2% a marzo de 2012, según la consultora Systep. En años anteriores, la energía hidroeléctrica ha superado el 60%.
Lo que preocupa es que, además, los precios del petróleo van al alza. Y así, de tener que recurrir a la generación de emergencia con petróleo la cuenta saldrá cara. Entre enero y marzo, la cotización del petróleo Brent subió 15%, situándose el crudo en US$ 122,8 el barril.
Otro punto que inquieta al Gobierno es que hay estrechez en la transmisión de electricidad. Afecta tanto a los sistemas del Norte Grande (SING) como a la red central (SIC), que va desde Taltal a Chiloé. Las líneas actuales no aguantan la carga -la electricidad- que va a los centros de consumo, como ciudades o centros industriales, y eso hace que la posibilidad de apagones aumente. En todo el país se estima necesario invertir unos US$ 960 millones para subsanar el problema, pero aunque el Ministerio de Economía está llamando a licitación ahora, hasta que se construyan viviremos en ascuas.
Futuro incierto
Lo que más preocupa a la industria eléctrica es el retraso de los proyectos, que en algunos casos hace inviable su concreción. "Desde hace varios años, incluso desde los gobiernos de la Concertación, que hemos observado un atraso en la tramitación ambiental de los proyectos eléctricos y luego una judicialización de los mismos", señala el ex ministro de Energía Jorge Rodríguez Grossi.
De acuerdo a Central Energía, de los proyectos ingresados a trámite en el Sistema de Evaluación Ambiental desde 2003 - aprobados y en evaluación- sólo el 11%, medido en MW, se encuentra en construcción (ver mapa).
Esto ha implicado que el lapso para obtener los permisos se ha duplicado. "Si normalmente tomaba dos años, ahora son cuatro o cinco años", alerta. Tener una licencia ambiental ahora no es garantía de nada.
"Los proyectos ahora se judicializan cada vez más y toma cinco años hacer una central termoeléctrica, y una hidroeléctrica, más de 10 años", señala el ex ministro. "En un país que está creciendo, esto es funesto", concluye Rodríguez Grossi.
Lo más complejo es que la judicialización no discrimina por tipo de energía. Fuentes no convencionales y limpias, como las eólicas, no se han salvado. Bien lo sabe EcoPower, que debió suspender su parque de vientos en Chiloé por un fallo de la Corte Suprema. Ello, debido a la oposición de comunidades indígenas, que demandan la aplicación del Convenio 169 relativo a la obligación de consultar a pueblos originarios cuando en sus tierras se hacen proyectos de inversión.
Julio Albarrán, gerente general de la compañía, señala: "Necesitamos energías renovables, contamos con el apoyo del 90% de la población de Ancud; nuestro proyecto fue aprobado, pero aun así no podemos hacerlo por la oposición de unos pocos".
Si bien pusieron, el pasado miércoles 28 de marzo, un recurso de reposición en la Corte Suprema y afirma que van a dar la pelea, hace ver que la justicia falló sobre argumentos ambiguos. "Supuestamente, existen hallazgos arqueológicos, pero esos no son tales, son sitios que nosotros mismos marcamos cuando estudiamos el proyecto eólico", explica. Lo más grave, agrega Albarrán, "es que se pasa a llevar la institucionalidad ambiental al aplicar un convenio, el 169, sin tener claridad de cómo hacerlo". El director del Sistema de Evaluación Ambiental, Ignacio Toro, comentó al respecto que los fallos de la Corte Suprema se acatan y que harán "las revisiones de los procesos administrativos que correspondan". Y negó que ello genere incertidumbre a la inversión.
Cuentas altas
Para el "ciudadano a pie", esto va a implicar que las cuentas de luz se van a seguir manteniendo altas o van a subir aún más. Esto, porque en 2008 los precios marginales -el valor que paga el sistema por operar la central más ineficiente- se acercaron a los US$ 300 el megawatt por hora. "Y eso puede volver a pasar", comenta un empresario de la red central.
Para las empresas, el nuevo escenario implica optar por producir más en otros mercados. "Si una industria tiene instalaciones en Argentina o Perú, preferirá elaborar sus productos allá, a un menor costo, que abrir una línea productiva en Chile. Eso se ha notado mucho en los últimos años", comenta María Isabel González.
Esto implicará que hacia el 2014 ya no existiría suficiente producción eléctrica para satisfacer la demanda, concuerdan el ex ministro y la ex CNE. "Puede haber restricciones o generación ineficiente, por ejemplo, que cualquier descarga de una central implique interrupciones en el suministro", resume Rodríguez Grossi. Aunque ahora la gran capacidad de diésel instalada evita que haya racionamientos, ese mismo factor hace que los costos no bajen y sigan siendo de los más altos del mundo.
Interconexión
Este "nudo gordiano" es conocido en La Moneda. Altas fuentes de Palacio señalan que el Presidente Piñera es partidario de la interconexión entre los sistemas SING y SIC, y por ello, la Comisión Nacional de Energía se abocó a estudiar condiciones, plazos y costos. El estudio en cuestión ya está listo, dicen en el Gobierno, y la decisión final iba a ser tomada en estos meses. En todo caso, la concreción de un proyecto así tardaría varios años. En el Gobierno se habló que con mucha suerte estaría listo a partir del 2016 o 2018.
La renuncia de Álvarez volvió a atrasar una aspiración del gobierno de Piñera, que ve en esta unión la forma de compensar eventuales carencias energéticas y también de poder contar con la energía de países vecinos, particularmente de Colombia y Perú.
De hecho, la decisión de unirnos con las vecinas naciones viene sí o sí, independiente de si el SING se une a la red central. La razón es clara: los estudios del propio Gobierno indican que los costos de producir electricidad bajan en al menos 25% al comprar energía a los vecinos.
Colombia ha sido el gran impulsor de esta idea; ha sido un actor protagónico en la interconexión con Ecuador, Perú y Chile, con un rol adicional de Brasil y Argentina.sto ocurre porque el país cafetero tiene importantísimas reservas de energía, tanto hidráulica como térmica, que ya la está exportando hacia Centroamérica y Ecuador.
Paralelamente, GDF Suez, tras el revés de Barrancones, está evaluando un proyecto de interconexión SIC-SING. La decisión se tomaría este año, y dependiendo de los puntos a interconectar, la inversión oscilaría entre US$ 600 millones y US$ 1.000 millones.
SI UNA INDUSTRIA tiene instalaciones en Argentina o Perú, preferiría elaborar sus productos allá, a un menor costo.
